En la audiencia del 7 de Agosto de Randall Leon Thompson en la Corte de Justicia del Condado Pima, le concedieron libertad condicional por un año, en vez de encarcelamiento, a la persona que me dejó tres amenazas de muerte en mi correo de voz en la universidad.
El juez dijo que encontraba repugnante el comportamiento de Thompson y que estaba inclinándose por encarcelarlo, si yo me oponía firmemente al acuerdo que los abogados habían negociado.
Por un momento, yo tuve el poder de encarcelar al Señor Thompson. Y tenía buenas razones para hacerlo: las amenazas que me mandó en Mayo de 2011 eran perversas mezcladas con un veneno racista. Sus amenazas fueron causadas por mi supuesto papel como defensor de los Estudios Mexicoamericanos (MAS) del TUSD, programa que fue desmantelado porque el Distrito no quiso violar la ley antiestudios mexicoamericanos, HB 2281.
Sin embargo, yo no considero al señor Thompson el autor intelectual de esas amenazas.
Es cierto que él las expresó, pero él, como muchos en este estado, han sido manipulados frecuentemente por los políticos estatales y otros individuos que explotan las divisiones raciales o culturales de la sociedad.
El odio diario dirigido a los mexicanos y a la cultura mexicana, disfrazado como una "guerra en contra de los 'ilegales'", es la definición de la palabra deshumanización.
Lo hacen al declarar que su desdén no es por las personas en general sino simplemente por los "transgresores". (La lucha del programa MAS no tiene nada que ver con la inmigración, ya sea legal o ilegal).
Eso no niega el hecho de que el señor Thompson es un adulto consciente, y como tal es responsable por sus acciones. Cuando lo vi en el juzgado, se me dificultó verlo como el mismo hombre que amenazó utilizar su .357 Magnum contra mí y como el mismo hombre que amenazó guerrear contra los mexicanos.
A pesar de todas las amenazas que hizo, se declaró culpable de tan sólo un cargo de delito menor por utilizar un teléfono para aterrorizar, intimidar, amenazar y hostigar.
La razón por la cual no me "opuse firmemente" a este acuerdo es que no entiendo por qué el señor Thompson no estaba afrontando cargos de delito grave.
En una audiencia anterior, yo le hice esa pregunta a la Corte, y cuando se me permitió dirigirme al tribunal el 7 de Agosto también pregunté por qué no se habían presentado cargos de delito de odio. El juez dijo que era una buena pregunta, y me sugirió que le preguntara al fiscal federal de la región.
Sí tengo planeado hacer esto, dado que estas amenazas parecen caber en la definición de un delito de odio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos: "Un crimen de odio es la violencia de la intolerancia, destinada a herir e intimidar a alguien por su raza, etnicidad u origen nacional. … Los que cometen un crimen de odio utilizan explosivos, incendios, armas, vandalismo, violencia física y amenazas de actos violentos para causarle miedo a sus víctimas".
Los crímenes de odio están diseñados para aterrorizar a las comunidades. El procurador general de Arizona, Tom Horne, el autor intelectual de la HB 2281, ha dicho que él cree que las amenazas son un crimen de odio.
La verdadera justicia se dará cuando a los autores intelectuales de este odio también los citen a la Corte.
Sin embargo, en Arizona, ¿cómo se puede procesar ese odio si viene desde arriba? Mi sugerencia es que se procese un perpetrador a la vez.
Roberto Dr. Cintli Rodríguez es asistente profesor en University of Arizona. Contáctalo al XColumn@gmail.com
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